Bitácora
Por: Pascal Beltrán del Río / @beltrandelrio
Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le gustan las organizaciones de la sociedad civil.
Desde los días de la campaña electoral, se ha referido a los ciudadanos organizados que buscan incidir en la vida pública por fuera de los partidos políticos como “la llamada sociedad civil”.
No los reconoce como interlocutores y se nota que sus planteamientos le causan escozor.
Esta semana, el mandatario fue más allá. Dijo que dichas organizaciones pasan por alto los intereses del “pueblo raso”, al que tratan “como si no existiera, como si fuera tonto”.
Las llamó elitistas y las acusó de haber facilitado el saqueo de los recursos nacionales.
“¿Saben cómo se llamaba la sociedad civil antes?”, preguntó López Obrador a los periodistas presentes en su conferencia mañanera del miércoles en Palacio Nacional. “¿Saben cómo se le decía a la sociedad civil y cómo se le llama ahora? Antes a lo que ahora es la sociedad civil se le llamaba pueblo. Nada más que yo no sé quién agarró eso de la sociedad civil. Se lo apropiaron”.
Para López Obrador, dichas organizaciones crearon lo que él identifica como un “gobierno paralelo”, integrado por “una constelación de organismos autónomos” que representan “intereses creados”. Según él, ese esquema ha permitido el robo de los recursos del país por parte de funcionarios corruptos bajo la excusa de la independencia.
Ésa es la visión del político tabasqueño, pero no hace falta escarbar mucho en la historia reciente del país para encontrar las aportaciones que las organizaciones de la sociedad civil han realizado en la defensa del interés público.
Por supuesto, referirnos a sociedad civil organizada es hablar de algo muy difuso. Los grupos que la integran son un reflejo de la pluralidad de pensamiento y de intereses que uno encuentra en cualquier segmento de la población del país.
Sin embargo, tienen en común la decisión de no permitir que las determinaciones que afectan la vida pública se tomen exclusivamente por parte de los políticos.
Casi no hay tema de discusión en el espacio público en el que no aparezca algún grupo de la sociedad civil, ya sea de especialistas o ciudadanos interesados. De acuerdo con datos del Inegi, en 2014 había unas 60 mil organizaciones o instituciones sin fines de lucro en México.
Como decía, una somera revisión de la historia reciente puede dar cuenta de la importancia del papel que muchas de ellas han jugado en asuntos como la democracia, la rendición de cuentas de los gobernantes, la transparencia de la información pública, el uso responsable de los recursos del erario, los derechos humanos, etcétera.
Para los medios, el trabajo de las organizaciones del llamado tercer sector ha servido para orientar y documentar investigaciones periodísticas.
La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 1990, se debe, en buena medida, al trabajo y sacrificio de la abogada Norma Corona, asesinada en Culiacán el 21 de mayo de ese año.
¿Quién puede dudar que detrás de la fundación del Instituto Federal Electoral hubo un trabajo incansable de la sociedad civil organizada? ¿Cómo se puede olvidar que la democratización del Distrito Federal recibió un empujón clave por parte del plebiscito ciudadano del 21 de marzo de 1993?
En su enfrentamiento con la sociedad civil, el presidente López Obrador no repara en la ayuda que las organizaciones que la componen pueden proveer a su gobierno.
Ayer conversé en la radio con el director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Roberto Vélez, quien, con base en datos demográficos, mostró que al programa del gobierno para apoyar a los jóvenes que no estudian ni trabajan le falta una perspectiva de género, pues está dejando sin ayuda a miles de mujeres de entre 19 y 24 años, muchas de las cuales se embarazaron en la adolescencia y que no pueden aprovechar las becas que López Obrador les está ofreciendo.
Si el Presidente escuchara a grupos como el CEEY en lugar de confrontarse con ellos, podría recibir un gran apoyo para su agenda de cambio.
Las organizaciones de la sociedad civil no son enemigas del gobierno, pero sí son un freno a las tentaciones absolutistas en el ejercicio del poder. Confrontarse con ellas no va a hacer que desaparezcan.
Buscapiés
Llama la atención la similitud de las declaraciones del exministro británico de Finanzas, Michael Gove, una de las principales figuras que promovió el Brexit desde el gobierno del Reino Unido en 2016, y las que hizo recientemente el presidente Lópe@beltrandelrioz Obrador. Hace casi tres años, Gove se dio a conocer a nivel mundial diciendo que la gente estaba “harta de los expertos”. Esta semana, López Obrador dijo que “siempre son los expertos los que deciden, y el pueblo raso no es tomado en cuenta”.